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  1. 24 de feb. de 2009 · Legitimación procesal, derechos individuales homogéneos, acción de amparo. La regla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular. Ello no cambia por la circunstancia de que existan numerosas personas involucradas, toda vez que se trata de.

  2. según las prescripciones constitucionales, para conferir tal alcance al fallo era necesaria la participación del Defensor del Pueblo de la Nación en el proceso, circunstancia que no se ha producido. La pretensión fue deducida exclusivamente por un particular.

  3. Ernesto Halabi es el abogado que promovió amparo contra la ley 25.873, modificatoria de la ley de telecomunicaciones 19.798. En virtud de ello, el Ejecutivo había dictado el decreto 1563/04, que incluyó en el concepto de "telecomunicaciones" al tráfico de datos por internet.

  4. Que Ernesto Halabi promovió acción de amparo re-clamando que se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1563/04, en virtud de considerar que sus disposiciones vulneran las garantías establecidas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto autorizan la intervención de las comunicaciones t...

  5. adoptada en el fallo de referencia, presupone un compromiso institucional de gran envergadura con la protección de los derechos humanos por parte del Máximo Tribunal, a la vez que, resalta la importancia de atender un conflicto unipersonal, de modo colectivo, mediante la acción de clase.

  6. A 10 AÑOS DEHALABI”. El cambio se produjo principalmente porque en esta sentencia la Corte Suprema reconoció a los “derechos individuales homogéneos” como un género de los “derechos de incidencia colectiva” del art. 43 CN y, por tanto, como posible objeto de tutela a través de procesos colectivos. 3 señalando que su ...

  7. Breve Resumen del fallo en cuestión. Ernesto Halabi, ciudadano argentino, de profesión abogado, interpuso acción de amparo contra el Estado Nacional, solicitando se declarase la inconstitucionalidad de los artículos 1º y 2º de la Ley 25.873, y su decreto reglamentario 1.563/04.

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